4. La II República

En febrero de 1931, el último gobierno de la monarquía presidido por el almirante Aznar convocó elecciones municipales para el 12 de abril. Alfonso XIII valorará cualitativamente el triunfo republicano en las zonas urbanas, y considerándose solo y sin los apoyos suficientes partió al exilio. El 14 de abril de 1931 los republicanos  proclamaron la República de manera pacífica.

Se formó un gobierno provisional, dirigido por Niceto Alcalá Zamora, con los partidos firmantes del Pacto de San Sebastián, que pronto convocó elecciones a Cortes constituyentes el 28 de junio de 1931. Las pretensiones reformistas no tenían un camino fácil y en seguida chocaron con los sectores conservadores, como el enfrentamiento con la Iglesia católica. Todo ello generó  manifestaciones anticlericales y la quema de iglesias y conventos entre los días 10 y 13 de mayo de 1931 en diversas ciudades.

Una  vez  elaborada y aprobada la Constitución,  Alcalá Zamora   fue   elegido  presidente de la República y el primer gobierno constitucional fue presidido por Manuel Azaña.

En el nuevo sistema político multipartidista el centroizquierda tuvo bastante protagonismo y destacaron dos partidos: Acción Republicana y el Partido Radical Socialista.

La derecha había quedado muy fragmentada. En 1933 apareció el partido fascista Falange Española, pero el grupo más destacado de la derecha fue la conservadora CEDA. 

Por la izquierda marxista el partido más importante era el PSOE. En el País Vasco, el PNV evolucionó hacia posturas más progresistas. En Cataluña, la derecha estaba representada por la Lliga Regionalista  y la izquierda se agrupó en Esquerra Republicana de Catalunya..

Los sindicatos, sin representación parlamentaria directa pero cuyas organizaciones orientaban la posición política del proletariado, seguían siendo la UGT y la CNT.

La Constitución fue la más democrática que había tenido España y, aunque no contentaba a todos, contenía una declaración de derechos fundamentales del ciudadano. Se subordinaba en algunos casos la propiedad a los intereses del Estado. Establecía la separación entre Iglesia y Estado, que se declaraba laico. El poder legislativo residía en una sola cámara, el congreso de Diputados. El poder ejecutivo residía en la presidencia de la Repúbica, que era el Jefe del Estado, y en el Gobierno. El poder judicial garantizaba la gratuidad para los necesitados económicamente, la independencia de los jueces y establecía el jurado popular.