2.2. La industria

La revolución industrial exigía una serie de precondiciones que no se cumplieron en nuestra Península:

1.  Una mano de obra abundante que trabajara en las nuevas industrias. Tampoco se produjo el excedente agrario que alimentara a esta población urbana e industrial.

2.  Un mercado que comprara la producción industrial unido a  la inexistencia de redes de transporte capaces de organizarlo.

3.  Un capital que se invirtiera para modernizar las antiguas fábricas artesanales y una tecnología que el bajo desarrollo cultural y técnico del país no podía ofrecer.

4.  Unas materias primas y fuentes de energía.

Además, el motor de la industrialización se apoyaba en una clase burguesa emprendedora, y la española estaba más preocupada por acercarse en mentalidad y en modos de vida a la nobleza, que por dedicarse a los negocios.

Los dos sectores en los que se inició la industrialización fueron el textil, en Cataluña, y el siderúrgico, en la zona cantábrica –Asturias y Vizcaya–.

La industria textil catalana continúa la tradición del siglo XVIII y, como lo hiciera Inglaterra, moderniza sus estructuras para aumentar su productividad.

La industria siderúrgica necesitaba de las mismas precondiciones –ya señaladas– que cualquier otra, pero su materia prima – hierro– y su fuente de energía –carbón– obligaron a cambiar la localización de sus industrias de unas zonas a otras del territorio nacional. Sus áreas industriales más importantes fueron, sucesivamente, tres:

●   La de Andalucía, en torno a Málaga..

●  La de Asturias.

●   La del País Vasco..

La siderurgia vasca sirvió de estímulo a otras industrias del sector, como las químicas, las de transporte, los astilleros, las de maquinaria industrial, por lo que esta región pasó a ser la segunda gran zona industrial española.

El resto del país constituía, salvo alguna excepción, un auténtico desierto industrial. 

La extracción minera en España estuvo obstaculizada por la inestabilidad política y por la escasa demanda de la industria. La explotación masiva de las minas arranca de la Ley de bases de 1868, que permite la extracción a cambio de un canon anual que se pagaría al Estado. Esta ley abre la puerta a sociedades de capital extranjeras que se hacen con las concesiones, y que sacan el mineral extraído fuera del país.