1. El final del régimen y la Transición

El 20 de noviembre de 1975 moría el general Francisco Franco y  dos días después Juan Carlos I fue proclamado rey de España. Empezaba una de las etapas políticas más notorias de la historia de España contemporánea, la Transición democrática, el cambio de un régimen autoritario a otro democrático por la vía del pacto y el consenso.

En 1975 los franquistas más inmovilistas pregonaban que “todo estaba atado y bien atado” y los reformistas defendían una tímida democratización de España. El debate estaba entre una evolución hacia un Estado democrático o una ruptura con el franquiismo como paso previ a la consecución de ese Estado.

El último presidente de gobierno franquista, Carlos Arias Navarro, fue confirmado por el rey en el cargo. Veteranos de la dictadura, como Manuel Fraga Iribarne o José María de Areilza estaban convencidos de la necesidad del cambio, y también jóvenes que no habían vivido la guerra civil, como Adolfo Suárez.

Sin embargo, el nuevo monarca preparaba con sus asesores, entre los que destacaba Torcuato Fernández Miranda, un plan de cambio político. De algún modo se trataba de aplicar cambios controlados que aseguraran la permanencia de funcionarios y militares franquistas y condujeran a un sistema democrático desde las propias leyes franquistas.

El gobierno de Arias fracasó a la hora de introducir las reformas y los partidos de izquierda y las organizaciones antifranquistas no aceptaban la monarquía promoviendo movilizaciones populares reclamando libertades políticas, amnistía para los presos políticos y elecciones libres. En Cataluña y el País Vasco se pedía además el restablecimiento de los estatutos de autonomía.

La oposición se movilizaba en dos organizaciones: la Junta Democrática y la Plataforma de Coordinación Democrática. En  marzo de 1976 las dos plataformas se unirían en la Coordinación Democrática, conocida popularmente como “Platajunta”.

Arias representaba el inmovilismo y el rey en julio de 1976 lo sustituyó por Adolfo Suárez con el encargo de acelerar las reformas.

Suárez y la reforma política

El nombramiento de Suárez  con el apoyo de Fernández Miranda presidente de las Cortes y del Consejo del Reino despertó pocas simpatías, tanto en los franquistas más inmovilistas  como en la oposición.

Suárez formó un gobierno en el que la mayoría de los ministros  eran “aperturistas” y aceleró el desmantelamiento de las instituciones franquistas. La tarea prioritaria fue la de preparar el marco legal que hiciese posible la rápida democratización de España, pero respetando la legalidad heredada del franquismo. Para ello se elaboró una normativa específica, con carácter de Ley Fundamental, la Ley para la Reforma Política, que reconocía, aunque con limitaciones, los derechos fundamentales de las personas, confería la potestad legislativa a los representantes populares y preveía un sistema electoral democrático.

El principal problema se planteaba en la aprobación de la Ley de la Reforma Política por las Cortes franquistas, pero Suárez consiguió que fuese aprobada con escasa oposición el 16 de noviembre de 1976, a cambio de garantizar que no se pedirían responsabilidades políticas a los antiguos procuradores franquistas. Superado este trámite, fue aprobada en referéndum el 15 de diciembre de 1976.